ensayo

En principio, la democracia hace referencia a la participación de nuevos —y más— actores de la sociedad en el espacio público de la toma decisiones políticas y a la capacidad para alcanzar el consenso en un conflicto dado; esto ocasiona que, el cambio sea un proceso que le es propio. Para un régimen democrático, la transformación es su condición natural, así, la democracia será dinámica en oposición al despotismo que es estático y siempre igual a sí mismo[1].

          Entonces, el cambio político y la democratización en México no ha tenido un trazo lineal ni incontrovertible, se ha diseñado a partir de procesos políticos como la propia revolución, el hegemonismo, pluralismo, la transición y alternancia, entre los más marcados. En ese primer estadio, destaca que ni Villa, ni Zapata, ni cualquier otro dirigente popular se planteó la lucha por el poder del Estado; sino que fueron los constitucionalistas, con Carranza, quienes arrebataron a estos movimientos populares todas sus banderas, además por estar al margen del Estado, no podían garantizar cambio alguno.

          Por ello, se planteó que la “revolución” política se posicionaría como la verdadera solución no sólo a los problemas políticos de México, sino, sobre todo, a los problemas de las masas[2]; esto es, el cambio se plantearía en la institucionalidad

* Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

[1] Savater con su peculiar estilo, se refiere a que “[En] este sistema (la democracia) … lo único garantizado es que habrá más conflictos y menos tranquilidad (suele decirse que “tranquilidad” viene de tranca: los despotismos y las tiranías no dejan moverse ni a una mosca). Savater, Fernando, Política para Amador, 3a. ed., Barcelona, Ariel, 1993, p. 28.

[2] Córdova, Arnaldo, La formación del poder político en México, Serie popular Era, 14ª. ed., México, pp. 15-16.

estatal, a partir de la concepción de que habría de obligar al Estado cumplir con su función organizacional, que es el efectivo gobierno de la sociedad. Empero, después de la Revolución Mexicana, surgió un sistema político de partido único, que corporativizó la política y captó todos los poderes públicos[1], extendiéndose hasta la década de los setenta, en la que se dejan ver las primeras reformas electorales para generar competitividad electoral.

          En este periodo prevaleció la exclusión de los grupos políticos, activistas sociales y segmentos de la propia población, por lo que la fuerza del cambio se acentuó en la apertura de espacios de participación y disenso. El cual se impulsó a través de las reformas al sistema electoral, desde la creación de partidos políticos y reconocimiento de los diputados de representación proporcional, hasta el fortalecimiento del Registro Nacional de Electores y establecimiento de casillas de votación por distritos uninominales (1977-1990).

Pero ello, no era suficiente. Luego de la elección presidencial de 1988, en la cual, el andamiaje electoral concentrado en funciones de gobierno propició el señalamiento de fraude en la elección presidencial, las reformas se perfilaron a establecer una serie de instituciones y mecanismos para garantizar la certeza y transparencia en la organización de los procesos electorales; por lo que, desde 1990 el sistema político mexicano se centró en aspectos procedimentales, como se verá en el siguiente apartado, que si bien han significado un elongado avance en la construcción de la confianza ciudadana a nuestros días, resulta paradójico que las reformas jamás centraran su paradigma en la prerrogativa ciudadana básica del voto, por no poder contar con los elementos que le dieran plena garantía a su ejercicio. Así pues, en una apretada referencia a ese umbral histórico, la transición a la democracia se da luego de un despertar cívico del pueblo de México y la consecuente interacción de la sociedad civil con el Estado, que comprendió unas tres décadas y culminó con la alternancia partidista de la presidencia del año 2000.

Más bien, cabe destacar que, pese a estas reformas procedimentales, en las elecciones de la presidencia de la República circundantes a ese año, tuvieron como constante el planteamiento de cuestionamientos a los elementos o resultados de los procesos electivos, básicamente por la injerencia de otros poderes —institucionales o fácticos— que dieron lugar a escenarios de compra de votos, “guerra sucia” o piso disparejo.

Se habría logrado el objetivo de la época, de que el partido oficial dejara de ocupar la silla presidencial, pero aún existian probadas prácticas como los “Amigos de Fox”; en general, había un déficit de la función del sistema electoral en el régimen democrático de establecer reglas de competencia y acceso al poder público que fueran justas para que sus resultados fueran acatados, lo que denotaba que poco se había avanzado en lograr la legitimidad de la transición y la confianza ciudadana en los gobiernos constituidos.

Así se llega a la elección presidencial de 2006, que como nota distintiva tuvo la alta participación y competitividad, con ello, que el resultado dado por aquellas autoridades electorales fuese un margen sumamente estrecho, permeado por la sospecha y pugna poselectoral. Para entonces, se evidenció que el activismo regulatorio no había sido contundente en atacar las causas de la falta de legitimidad del sistema; subsistía, entre otros, el excesivo gasto o financiamiento ilegal de las campañas, la cobertura informativa subrepticia, la guerra sucia con las vociferaciones de un peligro nacional y el manejo clientelar de los programas sociales que, ineludiblemente, desbalancean la equidad en la contienda.

Resultaba concluyente que el entramado normativo era insuficiente para regular el comportamiento de los actores y la realidad misma, de tal modo que las expectativas no correspondían con los resultados; máxime si, para entonces, se suma que en sus ajustes procedimentales, el Estado mexicano había destinado una enorme cantidad de recursos para construir la confianza en el sistema electoral, sin lograrlo con mucho éxito y que terminó por encarecer la democracia proceso tras proceso.

En suma, el sistema electoral tiene una sola finalidad incesante: la de construir legitimidad democrática, la normalización de la democracia —a decir de la notoria expresión de Linz­— en el único juego en la ciudad; lo cual implica que todos los jugadores reconozcan que no hay otras reglas que las democráticas y que la única incertidumbre, como expectativa del juego abierto, son los resultados, de ahí que, la tarea no ha sido sencilla.

Mediante el sistema electoral, como lo sostiene el profesor O´Donnell, la institucionalización de las reglas implica irreductiblemente, que éstas sean conocidas, acatadas y aplicadas, por lo que los actores interiorizan las reglas del juego, al conocer las consecuencias de sus actos y adaptar su comportamiento a ello; de ahí que, la pervivencia del sistema electoral depende en cierta medida de que a través de él transiten los intereses y prácticas políticas.

En este devenir, la reforma de 2007 perfiló varias de las reglas necesarias para regular la propaganda política, el acceso a los medios electrónicos y los recuentos generalizados gestados por el voto por voto, por mencionar las más importantes. Con éstos avances normativos y nuevos criterios se supondría una elección presidencial de 2012 ejemplar en el cumplimiento de la regularidad electoral, baja conflictividad y acatamiento de los resultados; no obstante esto, no ocurrió así. Con lo cual no hizo esperarse la venida de una nueva reforma, la de 2014 se perfiló como un ajuste procedimental de centralización de la organización de las elecciones en detrimento del pacto federal.

Entre muchos factores, solo para los fines de este apartado, habría que destacar que, si la actitud de los actores no es acorde con la norma, ni ésta con la realidad, entonces las expectativas no correspondidas con los resultados alimentan la desconfianza en el sistema electoral. Al respecto, dos cuestiones debieran tenerse en cuenta: primero, reconocer la exigencia mutua entre la competitividad y equidad, sobre todo, cuando ésta se traduce como la oportunidad de suceder en el poder a quien lo detenta (incumbent); segundo, que es determinante la distribución de responsabilidades y la asunción de actitudes de los participantes del juego, partiendo de la premisa básica que las elecciones, más alla de la participación política, constituyen una dimensión social para reivindicar las demandas de la mayoría a través del gobierno electo para tales fines.

Llegado a este punto, que debiera ser crucial o de quiebre en las democracias, debemos normalizar el entendimiento que los actores políticos compiten por votos, los votos se dan en las elecciones, y en las elecciones, como ingrediente principal de una democracia, determinan quién tiene el derecho de dirigir un país y quienes deben esperar una nueva oportunidad para hacerlo[2]. Por ello, el sistema electoral debe plantear una arena en la que unos y otros puedan ganar, bien si el poder está o no de su lado[3], y sobre todo, ante este último escenario, hacer prevalecer la voluntad ciudadana.

Cierta que sea esta consideración con la realidad, en la segunda cuestión a tener en cuenta está la actitud de ganadores y perdedores, sobre todo, que unos adoptarán la postura de la institucionalización del ejercicio del poder y otros, la estrategia de competencia partidista como oposición, teniéndose como escenario ideal que ambos construyan en la consolidación del sistema político democrático y de sus reglas electorales. Incluso pudiera estimarse que “la dinámica de la política está en las manos de los perdedores. Son ellos quienes deciden cuándo, cómo y si se sigue peleando”[4].

Esto es relevante en el planteamiento que se realiza en este apartado, porque respecto a la estabilidad como criterio de evaluación del sistema electoral, solo basta decir que entre 1977 y 2014, y en muchas ocasiones, fruto de la resistencia pacífica, han sucedido once reformas electorales, basadas en la desconfianza del actuar de los participantes del sistema político. De llamar la atención que, de aquella época, únicamente las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 se han desarrollado conforme a un mismo marco legal electoral mientras que las demás lo han hecho conforme legislaciones diferentes, derivadas de las generaciones de reformas electorales provocadas por los acontecimientos propios que le dieran origen. En tanto que, las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, se sucedieron con el entramado normativo derivado de la reforma de 2014.

Por lo que en este horizonte, es necesario arribar a un estadio en el que los participantes del sistema político subordinen sus intereses a la incertidumbre sustantiva[5], es decir, en la que los resultados del proceso sean inciertos y no estén determinados de antemano, mucho menos por factores reales de poder o ejercicios indebidos del poder público que contravienen la neutralidad de la debida actuación de la autoridad que ineludiblemente compromete la equidad y los resultados, incluso cuando ello no fuera determinante para los mismos, jamás sera lo deseable. Lo deseable, la aspiración democrática debiera ser que esta incertidumbre en los resultados dependa únicamente del pueblo, de las fuerzas políticas que compiten por promover sus intereses.

Solo de esta forma, las elecciones adquieren su papel irreductible en la democracia y aumenta los niveles de confianza que los ciudadanos manifiestan tener en el funcionamiento de las instituciones; para ello, se requieren anclajes que contribuyan al proceso de consolidación democrática. Un ancla es una institución que supone elementos organizacionales capaces de desempeñar un efecto de vinculación sobre la gente; son las entidades de intermediación capaces de unir políticamente a ciudadanos y asociaciones[6].

En la época actual, no se había dado un continuo a los ciclos o generaciones de reformas electorales, habían sido otros linderos los que han motivado las modificaciones legales impulsadas en esta etapa del gobierno y del sistema electoral; sin que esto quiera decir que no se haya insistido en la consolidación democrática y en la búsqueda de una mejor relación entre las estructuras democráticas, las regulaciones, la sociedad civil y el régimen político.

Contrario a ello, se advierte que la democratización de las instituciones o de la legitimidad democrática se plantea en otros escenarios, ahora desde la perspectiva de construir un sentido democrático a la judicatura; si bien se trata de una reforma judicial, su trascendencia llega hasta el ámbito político electoral, atendiendo al peso que se da a las elecciones, lo cual parte del entendimiento que casi cualquier aspecto de la acción y del cambio políticos conlleva un aspecto legal o constitucional[7].

La reforma judicial concretada el 15 de septiembre y 14 de octubre de 2024, pone de relieve la necesidad de una reflexión colectiva sobre la función judicial, del papel que las personas juzgadoras deben desempeñar en el avance de la democracia, de la jurisdicción como como motor de cambio para una sociedad más democrática y justa, que busque la realización de los derechos, de las libertades, del desarrollo y de la paz, sin que alguno de sus miembros se quede excluido. Más que una modificación legal, es un cambio paradigmático de la concepción social y democrática de la justicia.

Representa la sinergia de una exigencia añeja en consonancia con los tiempos actuales, que la justicia además de una actividad institucional, racional y sistemática del Estado, es un servicio y bien público que debe ser cercano a la sociedad, sensible de sus necesidades, de la desigualdad estructural de las relaciones entre sus miembros o de las situaciones de vulnerabilidad de los mismos; con ello, la función de decir el Derecho debe redimensionarse como portavoz legítimo de los derechos fundamentales y orientadora de políticas o acciones para la protección de los derechos humanos en realidades sociales diferenciadas y complejas, que sólo en una sociedad democrática se puede dar.

La reforma judicial de 2024 pone en la palestra una reflexión toral sobre si es el sufragio universal la mayor fuerza política de los tiempos modernos[8] y si la democracia es capaz de detectar y relacionar empíricamente las demandas o necesidades de la ciudadanía y las decisiones o acciones de los políticos con sus impactos reales[9].

[1] González Casanova, Pablo, La democracia en México, 2ª. ed., México, Era, 1967, p. 45.

[2] Dahl, Robert, “La Poliarquía”, en Batlle Rubio, Albert (comp.), Diez textos básicos de la Ciencia Política, ed. Ariel, España, 2007, pp. 77-92.

[3] Por ello surge, desde el ámbito teórico la clasificación de los partidos, entre los que están en el poder (son titulares) y aquellos que no lo están; misma que se subdivide en cinco sub categorías: 1. Major incumbent o partido en el poder, 2. Minor incumbent o partido en el poder mediante coalición, 3. Non incumbent/never o partido fuera del poder y nunca lo ha tenido, 4. Non incumbent/previous o partido fuera del poder pero que ya lo ha ostentado, y 5. Non incumbent/new o partido nuevo en la arena política. Al respecto, Anderson, Christoper J. Blais, André, Browler y otros, Loser´s Consent: Elections anda Democratic Legitimacy, Oxford University Press, 2005, pp. 141-164.

[4] Riker, William H., Democracy in the United States, 2ª. ed., MacMillan, 1965, 402 pp.

[5] Huelga decir, que los únicos integrantes del sistema político que no deberan supeditar su actuar a tal incertidumbre, somos las instituciones encargadas de la organización y administración de justicia electoral, donde la predictibilidad de su quehacer y criterios, constituyen una garantía de certeza.

[6] Przeworski, Adam, Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno, trad. de Stella Mastrangelo, 2ª. ed., Argentina, Siglo XXI, 2016.

[7] Goodin, Robert y Klingemann Hans-Dierter (eds.), Nuevo Manual de Ciencia Política, t. I, trad. de Lagares, N. y otros, España, Ediciones Istmo, p. 298.

[8] Como suele considerarse, según lo sostiene Cerroni, Umberto, Política. Método, teorías, proceso, sujetos, instituciones y categorías, México, Siglo XXI, 1992, p. 99.

[9] Morlino, Leonardo, Cambios hacia la democracia. Actores, estructuras, procesos, México, Siglo XXI, Universidad Autónoma de Querétaro, CONCYTEQ, p. 51.